Realización de las pruebas de diagnóstico para la detección de Covid-19 a los empleados de la Agencia, de conformidad con lo establecido en el artículo 120 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, dentro del marco de las medidas para hacer frente a la crisis sanitaria derivada del brote de coronavirus (Covid 19)

El Artículo 16 del Real Decreto-ley 7/2020, de 12 de marzo determina la tramitación de emergencia para la contratación de todo tipo de bienes o servicios que precise la Administración General del Estado para la ejecución de cualesquiera medidas para hacer frente al COVID-19. 1. La adopción de cualquier tipo de medida directa o indirecta por parte de los órganos de la Administración General del Estado para hacer frente al COVID-19justificará la necesidad de actuar de manera inmediata, al amparo de lo previsto en el artículo 120 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014. 2. De acuerdo con la previsión establecida en el párrafo anterior, a todos los contratos que hayan de celebrarse por la Administración General del Estado o sus organismos públicos y entidades de Derecho público para atender las necesidades derivadas de la protección de las personas y otras medidas adoptadas por el Consejo de Ministros para hacer frente al COVID-19, les resultará de aplicación la tramitación de emergencia.

En la selección del adjudicatario propuesto se han considerado los requisitos legales y adoptado las cautelas necesarias tendentes a la verificación de identidad y capacidad de contratar, solvencia técnica y profesional necesarias y económica proporcionales a la contratación de emergencia que se propone.