Contratación de emergencia de servicio de auxiliares de servicio para oficinas de la Agencia Pública de Servicios Económicos Provinciales de Málaga. Patronato de Recaudación Provincial, en el marco de las medidas para control de aforo y distanciamiento para hacer frente a la crisis derivada del brote de coronavirus (COVID 19) al amparo de los previsto en el artículo 120 del ley 9/2017, de 8 de noviembre, de contratos del sector público.

El objeto de contratación tiene relación directa con las medidas que debe garantizar la Agencia derivadas de la protección de las personas para el cumplimiento del Protocolo de reincorporación, medidas de distanciamiento y organización, establecido para las Oficinas de la Agencia por el Servicio de Prevención ajeno MPE-Sur para afrontar la crisis sanitaria elevada el pasado 11/03/2020 por la Organización Mundial de la Salud a situación de pandemia internacional, para mitigar y erradicar los efectos de la propagación ocasionada por la enfermedad del nuevo coronavirus SARS-CoV-2 (COVID- 19), en aplicación del artículo cuarto b) de la L.O. 4/1981, de 1 de junio, de los Estados de Alarma, Excepción y Sitio. Habiendo sido declarados los servicios esenciales por la Agencia, procede restablecer la atención al público y con ello, la progresiva reincorporación física del personal a las Oficinas y apertura al público de las Oficinas de atención presencial al ciudadano, en el presente caso, la situación que fundamenta la actuación inmediata solicitada por RRHH para garantizar la reincorporación del personal de la Agencia a sus puestos de oficinas en la denominada fase hacia una nueva normalidad.

El Artículo 16 del Real Decreto-ley 7/2020, de 12 de marzo determina la tramitación de emergencia para la contratación de todo tipo de bienes o servicios que precise la Administración General del Estado para la ejecución de cualesquiera medidas para hacer frente al COVID-19. 1. La adopción de cualquier tipo de medida directa o indirecta por parte de los órganos de la Administración General del Estado para hacer frente al COVID-19justificará la necesidad de actuar de manera inmediata, al amparo de lo previsto en el artículo 120 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014. 2. De acuerdo con la previsión establecida en el párrafo anterior, a todos los contratos que hayan de celebrarse por la Administración General del Estado o sus organismos públicos y entidades de Derecho público para atender las necesidades derivadas de la protección de las personas y otras medidas adoptadas por el Consejo de Ministros para hacer frente al COVID-19, les resultará de aplicación la tramitación de emergencia.