Contratación campaña publicitaria playas - covid -19

De acuerdo con la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local en su artículo 69.1, que “las corporaciones locales facilitarán la más amplia información sobre su actividad y la participación de todos los ciudadanos en la vida local”; cuestión en la que también se incide con insistencia en la Ley 57/2003, de Medidas para la Modernización del Gobierno Local. Nuestro Reglamento Orgánico de Participación Ciudadana en su artículo 2, al establecer los objetivos cuya consecución se marca, comienza con el de “facilitar la más amplia información sobre todas sus actividades, obras y servicios”. Que en este sentido es de destacar lo dispuesto en el artículo 19 del Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, según el cual: “Artículo 19. Medios de comunicación de titularidad pública y privada. Los medios de comunicación social de titularidad pública y privada quedan obligados a la inserción de mensajes, anuncios y comunicaciones que las autoridades competentes delegadas, así como las administraciones autonómicas y locales, consideren necesario emitir”. Dada cuenta de dicha nueva situación se hace preciso dar a conocer a los vecinos del Municipio las condiciones en las que se permite el baño en nuestras playas, teniendo en cuenta la crisis sanitaria en la que nos encontramos. En otro orden de cosas significar que el Municipio, para la gestión de sus intereses y en el ámbito de sus competencias, puede promover actividades y prestar los servicios públicos que contribuyan a satisfacer las necesidades y aspiraciones de la comunidad vecinal en los términos previstos en el artículo 25 de la LRBRL. Que llegados a este punto hemos de destacar lo dispuesto en el Real Decreto-ley 7/2020, de 12 de marzo, por el que se adoptan medidas urgentes para responder al impacto económico del COVID-19, publicado en el Boletín Oficial del Estado de 13 de marzo y en vigor desde este mismo día, en el que se determina la tramitación de emergencia para la contratación de todo tipo de bienes o servicios que precise la Administración General del Estado para la ejecución de cualesquiera medidas para hacer frente al COVID-19.