se trata de la prestación del servicio de vigilancia y socorrismo así como mantenimiento de botiquín, etc...

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Las circunstancias extraordinarias que concurren constituyen una crisis sanitaria sin precedentes y de enorme magnitud tanto por el muy elevado número de ciudadanos afectados como por el extraordinario riesgo para sus derechos. Ante esta situación grave y excepcional el Gobierno, en ejercicio de la facultad que le reconoce el artículo 116.2 de la Constitución, declaró el estado de alarma mediante el RD 463/2020, de 14 de marzo, en el que se contemplan las medidas imprescindibles para hacer frente a la situación descrita. Las previsiones de consumo de material sanitario de los próximos meses, tanto para el profesional sanitario como para los pacientes, superan con mucho el "normal" abastecimiento de los centros hospitalarios que requieren un mayor aprovisionamiento para poder llevar a efecto el procedimiento contra los riesgos relacionados con la exposición a los agentes biológicos del SARS-COV-2. En la situación actual de emergencia para hacer frente a la expansión del COVID-19, resulta de aplicación la tramitación de emergencia contemplada en el artículo 16 del mencionado Real Decreto-Ley 7/2020, modificado por la S.F 6ª del Real Decreto-Ley 8/2020, de 17 de marzo, según lo previsto en el artículo 120 de la Ley 9/2017, de 08 de noviembre, de Contratos del Sector Público. Se justifica este procedimiento por la situación creada con el avance exponencial del COVID-19. La situación hace que a nivel mundial se incremente la demanda de material de protección para el abordaje del virus, circunstancia que ha desbordado la capacidad de producción de las factorías dedicadas a este material. Por ello, y a fin de garantizar la disposición de estos dispositivos con carácter urgente se hace necesario la formalización inmediata de compromisos con las empresas comercializadoras.

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