La situación extraordinaria generada por la evolución del coronavirus COVID-19 determinó que el Gobierno de la Nación, con amparo en el artículo 116 de la Constitución Española y en lo previsto en la Ley Orgánica 4/1981, de 1 de junio, que regula los estados de alarma, excepción y sitio, aprobara el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, estableciendo las medidas imprescindibles para proteger la salud y seguridad de los ciudadanos, contener la progresión de la enfermedad y reforzar el sistema de salud pública.
La Ley 14/1986, de 25 de abril, General de Sanidad, establece en su artículo 26.1 que, en caso de que exista o se sospeche razonablemente la existencia de un riesgo inminente y extraordinario para la salud, las autoridades sanitarias adoptarán las medidas preventivas que estimen pertinentes, tales como la incautación o inmovilización de productos, suspensión del ejercicio de actividades, cierres de empresas o sus instalaciones, intervención de medios materiales y personales y cuantas otras se consideren sanitariamente justificadas.
Por su parte, la Resolución por la que se adoptan medidas preventivas y recomendaciones de Salud Pública en la Comunidad Autónoma de Cantabria como consecuencia de la evolución epidemiológica del Coronavirus (COVID-19), establece en su apartado cuarto lo siguiente:
“Cuarto. Recomendaciones de Salud Pública.
Se adoptan, en el ámbito territorial de la Comunidad Autónoma de Cantabria, las siguientes recomendaciones:
6ª.- Se recomienda aplicar medidas higiénicas como el lavado de manos frecuente con agua y jabón o con solución hidroalcohólica, taparse al toser con pañuelo desechable inmediatamente o en el pliegue del codo, así como la limpieza de superficies que hubieran podido ser salpicadas con tos o estornudos.”
La Dirección General de Servicios y Participación Ciudadana como órgano transversal en la organización de la administración del Gobierno de Cantabria con competencias en la adquisición centralizada de suministros, ha asumido la gestión de la adquisición de Solución hidro alcohólica destinada tanto al personal de los órganos administrativos y no administrativos dependientes del Gobierno de Cantabria, así como los usuarios de los mismos, por ejemplo, Residencias de la Tercera Edad, Centros de Dependientes, Hospitales, Centros de Salud, etc.
La adquisición de dicho producto haciendo uso del procedimiento establecido es incompatible con la situación de crisis sanitaria que estamos viviendo, por lo que la inmediata necesidad de su uso obliga a la tramitación de un expediente por el procedimiento de emergencia regulado en el artículo 120 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014, según el cual Cuando la Administración tenga que actuar de manera inmediata a causa de acontecimientos catastróficos, de situaciones que supongan grave peligro o de necesidades que afecten a la defensa nacional.